La inmobiliaria admite que el Ayuntamiento de La Oliva rechazó la recepción parcial de Atalaya Dorada y que sería preciso ejecutar el campo de golf y los accesos a la urbanización.
Más de cien personas esperan en la Isla para ser valoradas para la ayuda a la dependencia.
El Juzgado había mantenido abierto el procedimiento por revelación de secretos a pesar de que había pruebas que desmontaban la querella inicial.
El 60% de la plantilla en la Isla presenta “ansiedad generalizada en relación con las condiciones del trabajo”, según la evaluación de Prevención de Riesgos Laborales.
Sobre la promotora de Mirador de Lobos Golf pende una ejecución hipotecaria desde 2016, la empresa entró en concurso necesario de acreedores en 2017 y en 2020 se acordó su liquidación.
La causa penal se abrió para investigar presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y delitos societarios.
