Un túnel subterráneo conecta los hoteles Princesa Yaiza y Son Bou, propiedad del empresario Juan Francisco Rosa, ambos con licencia declarada ilegal por los tribunales y separados por la avenida de Papagayo.

En junio de 2001, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza, que presidía entonces José Francisco Reyes, condenado a seis años de cárcel en el caso Yate por la concesión masiva de licencias ilegales, otorgó la concesión para un “enlace subterráneo” de las dos parcelas de la urbanización Costa Pagayo sobre las que se asientan el Princesa Yaiza y el Son Bou. Ahora el Ayuntamiento de Yaiza tramita la anulación de aquel permiso.

Según el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de José Francisco Reyes, la concesión tendría un plazo de 25 años que se podía prorrogar hasta un máximo de 50 años. Como canon, la empresa debía abonar 7.081 euros al año y constituir una garantía de 8.787 euros. Sin embargo, entre 2001 y 2018 no se pagó ni un céntimo.

En marzo de este año, el actual alcalde de Yaiza, Óscar Noda, inicio el procedimiento para extinguir la concesión del túnel subterráneo, que pasa por debajo de la calle. Antes, en abril del año pasado, el Ayuntamiento reclamó a la empresa la deuda tributaria, que alcanzaba 120.385 euros, perteneciente a los 17 primeros años de la concesión. La respuesta de la empresa fue recurrir el pago y luego pedir, en junio del año pasado, que se suspendiera el abono de la deuda.

El Ayuntamiento de Yaiza se basa en el impago del canon desde que fue concedida la autorización del enlace subterráneo para justificar que se anule la concesión. El departamento municipal de Intervención así lo ha informado de forma favorable, mientras que la empresa se ha opuesto.

El pasado mes de septiembre, los servicios jurídicos del Ayuntamiento rechazaron las alegaciones y propusieron que se declarase extinguida la concesión por impago del canon, así como la incautación de la garantía depositada.

El Consejo Consultivo de Canarias ha planteado al Ayuntamiento que abra un trámite de audiencia a los avalistas, “en el caso de que existan”, un paso que no constaba en el expediente municipal. Una vez se culmine el trámite, el expediente volverá al Consultivo para que se pronuncie sobre la anulación del permiso para el túnel.

El hotel Son Bou tiene que ser demolido: su edificabilidad se excede en más de 6.000 metros cuadrados. Se podrían haber hecho 3.000 metros y se levantaron 9.000. El Ayuntamiento ha denegado su legalización y rechaza que se acoja a incentivos urbanísticos al carecer de licencia en vigor. El Princesa Yaiza también tiene construidos 5.116 metros cuadrados más de lo permitido.