LANZAROTE

San Bartolomé vuelve a estudiar cómo recuperar la cantera de Güime

En 2022 se cumplen 25 años desde que el Ayuntamiento iniciara los primeros trámites para registrar una bolsa de suelo de 673.000 metros públicos, en parte explotados por Lanzagrava

M. Riveiro 0 COMENTARIOS 05/01/2022 - 07:21

En julio de 2022 se cumplen 25 años desde que se iniciara, por primera vez, el tortuoso trayecto burocrático para que el Ayuntamiento de San Bartolomé inscriba en el inventario de bienes municipal una enorme finca en las inmediaciones de Güime, que en parte se ha venido explotando como cantera por la empresa Lanzagrava sin pagar ningún canon.

Por errores en el expediente, en una ocasión, y por incumplir los plazos, en otra, los tribunales han tumbado los intentos de que más de 673.000 metros cuadrados públicos sean gestionados por la Corporación municipal.

El nuevo alcalde, Isidro Pérez, ha acordado encargar a los servicios jurídicos un nuevo informe sobre cómo proceder, con todas las ‘fórmulas’ legales. En el arranque del año debería estar sobre la mesa para que el Ayuntamiento decida.

En los archivos de San Bartolomé figura una carpeta, del entonces denominado ‘Catastro de la Riqueza Rústica’, que en 1957 estipulaba que el Ayuntamiento era el titular de casi dos millones de metros cuadrados en las Majadas de Güime. También hay testimonios de antiguos funcionarios que sitúan en la zona una antigua calera de uso comunal y, con posterioridad, un vertedero.

El primer intento para incluir los terrenos en el inventario municipal de bienes se remonta a julio de 1997, cuando se inicia el trámite. La superficie que entonces identifica el Ayuntamiento asciende a 560.000 metros cuadrados, que a su vez formaba parte de la madre del cordero, la denominada ‘parcela 123’, que tenía una cabida de un millón de metros.

Al año siguiente, en septiembre de 1998 y tras un expediente de investigación, se llevó a pleno la inclusión en el inventario de bienes del Ayuntamiento de parte de la citada parcela, con una superficie exacta de 516.303 metros.

No tardaron en llegar los recursos del Cabildo, que siempre ha defendido que también es propietario en la zona, de un particular y de Lanzagrava, que primero, en agosto de 1997, no hizo “reclamación alguna”, pero después, en julio de 1998, alegó que había incurrido “en un error” y que había podido “comprobar” que era “propietaria” de “parte de la parcela” por haberla adquirido a “diversos propietarios”.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falló contra el Ayuntamiento, en mayo de 2004, por haberse equivocado en la “identificación de la parcela” en el expediente administrativo, un “vicio invalidante” del procedimiento. En febrero de 2007, el Tribunal Supremo no admitió el recurso del Consistorio.

La historia se volvió a repetir, con matices distintos, con el segundo intento. En marzo de 2011, se volvió a iniciar el procedimiento de investigación de los bienes municipales, que se resolvió en un pleno de enero del año siguiente.

Tras aquel estudio, se declaró la titularidad pública de 673.183 metros y se volvió a incluir la finca en el inventario de bienes municipal, se encargó su tasación y se ordenó que se inscribiera a nombre del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

Desde el Ayuntamiento se llegó a estimar en 23 millones de euros el valor de los áridos extraídos desde 1991 por la empresa en terrenos que la institución considera municipales

El Cabildo y Lanzagrava volvieron a impugnar el acuerdo en los tribunales. Las sentencias de los juzgados de lo contencioso llegarían en 2017 y 2018, y la del TSJC en marzo de 2019.

En esta ocasión, el motivo fue que el plazo máximo que se interpreta que tiene el Ayuntamiento para desarrollar todos los trámites desde que inicia el procedimiento hasta que lo culmina es de tres meses. San Bartolomé había tardado 10.

Los informes del Ayuntamiento eran demoledores: la suma total de los terrenos cuya propiedad ha sido justificada por Lanzagrava es de 103.361 metros cuadrados, pero la constructora “tiene ocupada para múltiples actividades ejercidas sobre el territorio una superficie de 461.000 metros cuadrados, según planimetrías oficiales y vuelos de la zona”.

“Muy posiblemente, están en el interior de terrenos propiedad del Ayuntamiento” y, “debido a la actividad principal de extracción de áridos, se produce una modificación constante de la topografía por parte de la sociedad, que hace imposible el reconocimiento de los actuales límites físicos de sus terrenos”, añadía la institución.


Catastro de 1957 a favor del Ayuntamiento.

Valor millonario

Desde el Ayuntamiento se llegó a estimar en 23 millones de euros el valor de los áridos extraídos desde 1991 por la empresa en terrenos que la institución considera municipales. Un año antes de las últimas elecciones en las que aspiró a la alcaldía, la actual presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, aseguró que exigiría a Lanzagrava los beneficios de la cantera en suelo público. “Esa es una decisión que ni siquiera es discutible”, dijo entonces la primera edil.

En enero y febrero de 2019, poco antes de la última campaña electoral, el Ayuntamiento denunció a Lanzagrava ante la Agencia de Protección del Medio (Apmun). Cuatro años antes, había decretado, como medida cautelar, el “cese inmediato” de la extracción de áridos y la explotación de la cantera, que nunca se cumplió.

El nuevo alcalde señala en un documento, al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, que hay que tener “cautela” con este asunto y que el plazo legal de tres meses para empezar y culminar el expediente “se antoja de muy difícil cumplimiento” para un ayuntamiento de escasa “capacidad técnica”. El Consistorio no dice que no sea el dueño de unos lucrativos terrenos, sino que, en principio, no tiene medios para cumplir con los plazos para establecer su propiedad.

Roció (CC) ha sacado de la gaveta esta reivindicación y dice que es de “justicia” que no se renuncie a lo que las investigaciones han acreditado que es de propiedad municipal

En julio pasado, el secretario municipal advirtió en un pleno que un expediente así implicaría “que la Secretaría y muchos servicios técnicos y jurídicos se dediquen única y exclusivamente a ello, porque es un expediente complejo”, en el que “hay que citar a testigos, personas mayores del lugar, pruebas periciales, plazos de exposición pública... Y todo eso en tres meses”.

Desde la oposición, el concejal David Rocío (CC), que ha “sacado de la gaveta” un asunto que el grupo de gobierno había eliminado de su agenda, acepta esperar por el informe jurídico encargado al letrado que llevó el último pleito en representación del Ayuntamiento, “para ir con garantías”, pero insiste en que es de “justicia” que no se renuncie a lo que las investigaciones han acreditado que es de propiedad municipal y que no se deje morir esta reivindicación. Una millonaria reivindicación.


En violeta, delimitación catastral, en amarillo, área ocupada por Lanzagrava.

“Muchísimas irregularidades”

En la última investigación de bienes, el Ayuntamiento encargó un análisis al arquitecto Maximiliano Valero, que concluyó que Lanzagrava “mantiene ocupado gran parte del terreno” en estudio “para una explotación minera”.

Sobre esta explotación minera, añade que la empresa la ha mantenido “durante estos años” con las licencias iniciales para la edificación de una planta asfáltica, para la ampliación de la planta de machaqueo y de clasificación. Después, asegura, “se cometieron muchísimas irregularidades”.

De la ocupación de 461.000 metros por Lanzagrava, pese a tener escrituras sobre solo 103.361 metros, donde tienen construidas sus instalaciones, se concluye que “estos terrenos ocupados forman parte del patrimonio municipal de suelo, sobre el cual no se han ejercido acciones desde los años 90 al ser ocupados para la actividad minera, sin aviso previo según los documentos revisados”. El Ayuntamiento admite la “posibilidad” de que parte de los terrenos sean del Cabildo, una institución que nunca ha emprendido acciones contra la constructora.

MÁS CLAVES

LETRADOS. El letrado que defendió al Ayuntamiento en el primer procedimiento judicial perdido en 2004 fue Felipe Fernández Camero y el del segundo fue Juan Pedro Martín Luzardo, a quien ahora se le ha pedido que informe. Martín Luzardo es abogado del exsecretario del Cabildo, Francisco Perdomo, acusado en la incautación de la desaladora de Montaña Roja.

SILENCIO. El gobierno municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé se mostró activo en los últimos mandatos para inscribir los terrenos de esa zona, incluso después de las sentencias en primera instancia de los años 2017 y 2018. Las quejas de los vecinos y la recuperación de los terrenos entraron de lleno en la última campaña electoral. Sin embargo, en el actual mandato no se han dado pasos hacia adelante.

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