El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho este jueves que Unidas Podemos discrepa del PSOE en torno a la respuesta a la crisis migratoria de Canarias, ya que aboga por trasladar a la Península a inmigrantes llegados a Canarias ante el colapso del archipiélago.

El también ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha alineado así con las reclamaciones que ha formulado en torno a esta crisis migratoria el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y frente a lo que defienden tanto el PSOE como el Gobierno del que forma parte Unidas Podemos, cuya portavoz, María José Montero, rechazó este martes que los inmigrantes se distribuyan por la Península, al estimar que con esta medida se alienta más a las mafias.

Iglesias también ha reiterado la posición de su partido de flexibilizar los criterios para facilitar la regularización de inmigrantes, si bien ha dejado claro que Unidas Podemos no cuenta con "la fuerza suficiente" para ello.

En su comparecencia en la comisión mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Iglesias ha defendido la postura de su partido en materia migratoria y la regulación de inmigrantes, por la que se ha interesado la diputada de ERC María Carvalho.

"Nuestra posición la conocen. Hay que establecer vías legales y seguras para que nadie se tenga que jugar la vida para migrar, y hay que facilitar la regularización flexibilizando los criterios", ha apostado Iglesias.

Si bien, ha añadido que hay que "asumir" también la correlación de fuerzas que implica su presencia en el Gobierno con 35 diputados de Unidas Podemos y con otros 13 de ERC.

"No voy a seguir en esta lógica, porque creo que estoy siendo claro (...). En política, por desgracia, lo que más cuenta no es tener razón ni buenas ideas sino la fuerza suficiente", ha concluido.

En su turno de intervención la diputada de ERC había instado a Iglesias a explicar si el Gobierno iba a gestionar la regularización de la situación administrativa de unas 600.000 personas inmigrantes que "contribuyen al sostenimiento del estado de bienestar".

A juicio de Carvalho no se conseguirá los Objetivos de Desarrollo Sostenible si el Estado no regula a quien trabaja y tiene hijos en España.