El juicio por una presunta falsedad en documento oficial contra la sargento del Seprona de Lanzarote, Gloria Moreno, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Las Palmas. La defensa de la sargento ha pedido su libre absolución.

La sargento, según informa Efe, dijo que cumplió con su deber y que su testigo, Jesús Moreno Rajel, técnico del CSIC, se ha desdicho tras ser “amenazado”. En su alegato final ante el tribunal, Gloria Moreno ha recalcado que, aun queriéndolo, no hubiera podido investigar los hechos que comunicó a sus superiores respecto a Padial porque lo impide la ley que regula el régimen disciplinario del cuerpo.

Además de recalcar que hubiera correspondido a la Policía Judicial esclarecer las presuntas filtraciones de Padial a los pardeleros que ella denunció en un oficio después de que, según sostiene, Moreno Rajel le informara de su existencia, Moreno ha asegurado "que su delito hubiera sido no elaborar ese informe" por el que ahora se ve procesada.

Moreno sostuvo que la Policía Judicial podía haber comprobado las llamadas entre Moreno Rajel y Juan Carlos González Berriel del 13 de septiembre de 2015 y que esa diligencia no se llevó a cabo.

"Omitirlo hubiera sido encubrir a Padial, en el caso de que hubiera incurrido en un delito", ha manifestado la sargento del Seprona, quien ha llamado la atención sobre "la alta peligrosidad de las personas que han amenazado" a su informante, el investigador Rajel, lo que ha relacionado con el hecho de que durante este procedimiento "haya llegado a negar" hasta que la conoce. También destacó las contradicciones de Rajel en sus diferentes declaraciones durante el procedimiento.

La acusada también ha afirmado que este caso no se relaciona solo con la caza de pardelas en Alegranza, sino con el "narcotráfico" que "una trama" desarrolla en el Archipiélago Chinijo.

Al mismo tiempo, se ha preguntado si sus superiores "protegían" a Padial al no expedientarla por haber incumplido una orden al redactar su informe sobre este subordinado, como le ha recriminado en la vista oral de este juicio el capitán del Seprona Germán García, quien, sin embargo, le ha abierto "otros tres expedientes" posteriores por otras cuestiones.

La sargento Moreno ha considerado que, independientemente de la condena que se le imponga, el "perjuicio a la Guardia Civil ya está hecho" y se ha preguntado "quién va a tener ahora el valor de hacer cumplir el artículo 40" de la ley que regula el régimen disciplinario del cuerpo, que obliga a todo guardia que tenga conocimiento de una supuesta irregularidad cometida por un compañero del cuerpo a dar parte a sus superiores.

La defensa de la procesada ha contradicho al Ministerio Fiscal al afirmar que el oficio redactado por la acusada, dirigido al capitán del Seprona y en el que menciona el posible chivatazo, carece de carácter o eficacia probatorio alguno.

En ese sentido, ha preguntado al tribunal si alguna vez se ha abierto un procedimiento judicial por falsedades cometidas en un documento como el de la apertura de juicio oral, "en el que se acusa a una persona de unos hechos" que puede que después no se confirmen.

Igualmente, las abogadas que defienden a Moreno en esta causa han llamado la atención sobre el hecho de que, hasta la llegada de la acusada a Lanzarote, "no se había puesto en cuestión la impunidad de los furtivos" en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo.

Respecto al hecho de que el investigador del CSIC Jesús Moreno Rajell haya dicho ahora ante el tribunal que él no señaló a nadie en concreto como posible chivato de los furtivos, sino que solo le dijo a la sargento del Seprona que era "vox populi" que había filtraciones dentro de la Guardia Civil, la defensa sostiene que ha ratificado "lo esencial": "que Miguelito (Padial, según su versión) avisaba a Carlitos (supuestamente González Berriel) de las redadas del Seprona en Alegranza".

Petición de acusación

La fiscal Ramona Muñoz planteó una petición alternativa de multa de 4.320 euros, que ya avanzó en la primera sesión del juicio, si la Audiencia entiende que la sargento cometió una imprudencia grave, y de cuatro años de prisión si considera que mintió conscientemente.

La acusación particular, ejercida por el guardia Miguel Ángel Padial, también mantuvo su petición de pena de seis años de cárcel. La fiscal sostiene que Moreno no hizo gestiones de averiguación o investigación del posible chivatazo y que ha perjudicado de forma grave a Padial. La defensa de Moreno, por su parte, destacó que no se ha acusado a la sargento de calumnias en ningún momento.