La Fiscalía en Canarias asumió el año pasado una mayor carga de trabajo con respecto al 2018 que debió asumirse bajo una carencia de personal que ya resulta un “mal endémico” y un proceso de digitalización que avanza pero aún no es suficiente.

Así lo ha dicho este jueves durante la comisión parlamentaria el fiscal superior de Canarias, Luis del Río, en la que presentó la memoria de la Fiscalía de 2019, documento que reflejó, en líneas generales, un aumento de la carga de trabajo de la administración de justicia, ya que incoó unos 171.000 delitos totales, 2.464 más que en el 2018.

La violencia de género arrojó el año pasado números “preocupantes” para la Fiscalía: hubo 8 asesinatos machistas sobre mujeres en Canarias, 4 en cada provincia (4 en Tenerife, 3 en Gran Canaria y uno en Lanzarote).

Tres de estos casos habían registrado denuncias previas a la muerte. Y en cuanto a celebraciones de juicios por estos delitos, hubo una condena por asesinato en Las Palmas y dos en Santa Cruz de Tenerife: un asesinato y un homicidio con agravante de parentesco.

Los delitos contra la libertad sexual subieron el año pasado un 36 por ciento, una subida “constante” que se observa desde el 2015 y que tiene especial incidencia, sobre todo, en delitos de agresión sexual y abuso sexual tanto a menores de 16 años como a mayores, las dos figuras penales que, según Del Río, atacan frontalmente al bien jurídico de la libertad sexual, especialmente su modalidad violenta.

Aumentan “ligeramente” también los delitos contra la vida y la integridad física (asesinatos, homicidios y lesiones); los delitos contra el patrimonio fueron de nuevo los más numerosos, y los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) aumentaron, sobre todo en la provincia de Las Palmas.

Los delitos contra las relaciones familiares se mantuvieron con respecto al 2018, con los delitos de impagos de pensiones como la figura de mayor aplicación.

Del Río ha reconocido que no ha habido excesivos cambios en cuanto a la evolución de los procedimientos judiciales, como refleja, por ejemplo, el número de diligencias previas, una cifra “muy reveladora” de la carga de trabajo de la administración de justicia: 130.730, por encima de las 129.000 del 2018.

La pendencia (estado de un juicio que está pendiente de resolución) ha subido a algo más de un 16 por ciento, los procedimientos agregados bajaron “ligeramente” y subieron las diligencias urgentes y los sumarios y procedimientos ante tribunal de jurado.

Además, se formularon casi 15.000 escritos de acusación, de los que más de 9.000 fueron para juicios rápidos y algo más de 5.000 en procedimientos abreviados, y el resto en calificaciones de sumarios o procedimientos ante tribunal de jurado.

Se celebraron más de 25.000 juicios por delitos leves en Canarias el ejercicio pasado, lo que evidencia para Del Río que la reforma del 2015 en la normativa al respecto no consiguió su propósito inicial de plasmar el principio de intervención mínima y “descongestionar” a la administración de justicia.

Pese a que disminuyeron “ligeramente” los juicios celebrados, aumentaron el número de sentencias, y el porcentaje de conformidad de las mismas osciló entre el 85 y el 87 por ciento.

“Males endémicos”

Por otro lado, Luis del Río ha expuesto las necesidades de la administración de justicia en el desempeño de sus funciones y deberes legales, algunas de ellas recogidas el año pasado o incluso ya “males endémicos”, como la falta de personal.

El fiscal superior considera importante, por ejemplo, que comience a funcionar la nueva oficina fiscal que dé soporte a la actividad que desempeñan, y que incluya una unidad de apoyo y un gabinete de prensa, para poder mantener así mantener una política de “comunicación y transparencia” que a día de hoy les resulta muy complicado, dados los medios de los que disponen.

“Para nosotros es muy complicada la relación con los medios de comunicación, y qué transmitir, hasta qué punto y en qué momento. Y a veces es necesario hacerlo para evitar que la información llegue desvirtuada y que la opinión pública no tenga un conocimiento exacto y real de lo que se realiza”, ha indicado.

Y también ha pedido la puesta en funcionamiento de la oficina de asistencia a la víctima del delito, ya impuesta por ley.

La pandemia de COVID-19 ha provocado asimismo cambios en la forma de trabajar de los fiscales y necesidades sobrevenidas, y en los últimos meses muchas declaraciones, vistas, reuniones o juntas de Fiscalía se han realizado de forma telemática.

En esa línea, Del Río ha reconocido avances “importantes” en torno al proceso de digitalización de la administración de justicia, pero que aún queda mucho recorrido en este asunto y que, paradójicamente, los primeros momentos de aplicación de las nuevas tecnologías conllevan más trabajo para funcionarios y fiscales, aunque entiende que a medio y largo plazo estas dificultades desaparecerán.

“En el sistema de gestión procesal Atlante II ha habido avances y mejoras, pero no estamos en una verdadera digitalización, no existe aún un verdadero expediente digital”, ha insistido del Río.