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Justicia colapsada en Fuerteventura: el Penal es el más saturado de la provincia

La Isla demanda más Juzgados, la incorporación de jurisdicciones como la Contencioso Administrativa y poner remedio a una situación “crítica”

M. Riveiro 0 COMENTARIOS 08/06/2021 - 07:19

Una justicia lenta no es justicia. Esta sentencia cobra especial relevancia en Fuerteventura, la isla que cuenta con el Juzgado de lo Penal más saturado de la provincia de Las Palmas, que tiene sus órganos judiciales desperdigados y que sufre el mal endémico de la falta de estabilidad en las plantillas.

Tanto las instituciones locales como el colectivo de abogados denuncian los notorios problemas de la Justicia en la Isla y las quejas, de último, van en aumento. En el Ayuntamiento capitalino se aprobó una iniciativa que define la situación como “crítica” y advierte de “una evidente infradotación de medios personales y materiales”.

El caso paradigmático es el del único Juzgado de lo Penal que hay en Fuerteventura. Su nombre (el ‘número dos’), puede dar lugar a confusión. En realidad, se trata de un órgano que pertenece al Partido Judicial de Arrecife, pero que tiene sede en Puerto del Rosario. En Lanzarote hay dos Juzgados de la jurisdicción penal (el número uno y el número tres) y esa diferencia se nota en la carga de trabajo.

Con la última estadística del Consejo General del Poder Judicial en la mano, el Penal uno de Arrecife empezó el año 2020 con 57 causas pendientes y el Penal tres con 86 procedimientos. En cambio, el Juzgado de lo Penal número dos de Puerto del Rosario acumulaba 239 procedimientos al iniciar el ejercicio.

Los datos no engañan: el Juzgado de lo Penal número uno de Arrecife registró durante el atípico primer año de la pandemia de COVID unos 167 procedimientos, mientras que el otro Penal de la capital lanzaroteña se quedó en 155 causas. Sin embargo, al Penal número dos con sede en Puerto del Rosario entraron el año pasado 289 procedimientos para ser juzgados.

Pese a que el Juzgado majorero fue también el que más procedimientos penales finalizó de toda la provincia de Las Palmas –incluyendo los dos con sede en Lanzarote y los seis de Gran Canaria- con 313 resoluciones, al concluir el año tenía pendientes de juicio otras 225 causas. El siguiente Juzgado más saturado en la provincia es el número cinco de Las Palmas, con medio centenar de procedimientos menos que el de Puerto del Rosario.

Otro apunte revelador: los dos Juzgados de lo Penal de Lanzarote no llegan, individualmente, a las 440 resoluciones para ejecutar decisiones judiciales. El de Fuerteventura dictó solo el año pasado 1.473 ejecutorias.

La magistrada Alicia María Buendía, una meticulosa y productiva jurista de la que se pueden leer sentencias fundamentadas a lo largo de más de 30 páginas por simples delitos de injurias y calumnias, trata de que no se suspendan los juicios, porque retrasar una vista oral y cuadrar una nueva fecha en la agenda no resulta nada sencillo.

Se lo advertía a la defensa del actual viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, que se enfrenta a una petición de cuatro años y tres meses de cárcel por parte de la Fiscalía en el caso de la empresa pública Gesturpa.

Se están fijando juicios en Puerto del Rosario con una demora de año y medio

La abogada de Acosta anunció que presentaría un estudio de un perito y la magistrada le avisó de que debía aportarlo “con antelación suficiente” para darle traslado a las partes “y evitar la suspensión del juicio oral por indefensión, máxime teniendo en cuenta las dificultades de este Juzgado en la agenda de señalamientos, a año y medio vista, debido al notorio volumen de asuntos” que tiene que asumir, al ser el “único” Penal en la Isla.

Con respecto a la apretada agenda, la magistrada no exagera: este pasado mes de mayo se fijó el juicio contra Acosta por administración desleal e insolvencia punible para el 25 y 26 de octubre de 2022.

“En procedimientos civiles”, señala la letrada Elena Isabel Ruiz, que forma parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas, “ya se están señalando juicios para el año que viene”.

La abogada destaca el “sentimiento de impotencia” que en muchas ocasiones tienen los profesionales de Fuerteventura “por no poder solucionar los problemas” de sus clientes en un tiempo razonable.

En otros casos, los propios abogados de Fuerteventura deben valorar con quienes contratan sus servicios si compensa interponer acciones judiciales. Por ejemplo, cuando se pleitea contra una institución pública. Los juzgados de lo Contencioso Administrativo son de ámbito provincial, pero solo tienen sede en Gran Canaria.

En ocasiones, solo lo que cuestan los desplazamientos de demandantes, abogados, peritos o testigos echa para atrás. La losa de la doble insularidad también incide en la Justicia.


Elena Isabel Ruiz, miembro de Fuerteventura en el Colegio de Abogados.

Reivindicaciones para el Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un listado de reivindicaciones aprobado en el Ayuntamiento capitalino para mejorar el funcionamiento de los Juzgados de Puerto del Rosario.

Se pide que los juzgados pasen a estar atendidos por magistrados, con más experiencia, que se dividan los siete juzgados de Primera Instancia y de Instrucción para especializarlos –en la actualidad un juez de Puerto del Rosario puede pasar de un pleito entre vecinos por un camino a una investigación por asesinato- y que se creen tres nuevos órganos judiciales, incluyendo uno con competencias de Contencioso Administrativo.

EL PALACIO DE JUSTICIA, EN EL LIMBO


Infografía del proyecto ganador.

El futuro Palacio de Justicia va camino de eternizarse. El consejero de Justicia del Gobierno canario, Julio Pérez, ha reiterado que se está a la espera de que se resuelva el litigio entre DISA y el Ayuntamiento por los terrenos. La petrolera impugnó la carambola urbanística en la que se le compensaba con terrenos en la trasera del cuartel –donde también iría la nueva sede judicial- a cambio de su solar junto a la playa de Los Pozos.

Mientras tanto, el Juzgado de lo Penal, el Mixto 7 y los dos de lo Social comparten edificio con un supermercado en Majada Marcial. Los últimos datos conocidos, de la pasada legislatura, antes de que se habilitase esa sede, apuntaban a que el gasto en alquileres ascendía a 25.745 euros al mes.

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