En verano, El Jablito se convierte en un pueblo de veraneantes, un punto de encuentro de caravanistas, un mundo aparte. Se acaban de cumplir 41 años desde que el Consejo de Ministros autorizó la construcción de un muelle deportivo en ese enclave del litoral. Nunca se hizo.

Hace casi dos décadas, el Gobierno de Canarias anuló la licencia municipal para construir dos hoteles en la zona, una enorme área a urbanizar que jamás se consolidó. Sin embargo, en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) que tramita el Ayuntamiento de La Oliva se mantiene la intención de que en el futuro se convierta en una localidad turística.

El 31 de julio de 1980, el Consejo de Ministros que entonces presidía Adolfo Suárez, autorizó a la empresa Puerto de la Oliva SA “la construcción y explotación de un puerto deportivo base o de invernada” en la futura urbanización del mismo nombre. La concesión se otorgó por un plazo de 50 años. El proyecto se había presentado en octubre de 1976.

En la resolución, se establecían seis meses para iniciar las obras, que deberían quedar terminadas en cuatro años. También se apostillaba que si se no se cumplía ese plazo de ejecución y no se hubiese prorrogado, el Gobierno declararía la caducidad de la autorización.

A día de hoy, no obstante, la autorización para el muelle deportivo –bajo el nombre de Puerto Ventura- sigue en el listado de concesiones del ente público Puertos Canarios, que depende de la comunidad autónoma. Vence el 27 de septiembre de 2026 y ahora está a nombre de la sociedad Gestión Empresarial Rudy, presidida por Carlos Cebriá y de la que forma parte el Grupo Satocan.

El desarrollo turístico de esa franja del litoral de La Oliva tampoco ha cuajado. En 1988, los promotores obtuvieron una licencia de obras del Ayuntamiento presidido entonces por Domingo González Arroyo, que le daba vía libre a construir dos establecimientos hoteleros en la playa del Jablito.

Un año después, el Gobierno de Canarias autorizó una modificación del puerto deportivo. Entre 1989 y 1991 se efectuaron rellenos en el litoral. El proyecto turístico englobaba un centro administrativo, hoteles, el puerto y edificaciones en la zona de servicios del muelle deportivo. La última prórroga de la licencia la consiguieron en agosto de 2001.

Sin embargo, ese mismo año se aprobó la Ley de Medidas Urgentes, la conocida moratoria turística de Canarias, para evitar el excesivo consumo de territorio. El Gobierno regional analizó que existían numerosas urbanizaciones que existían sobre el papel pero que se podían activar en cualquier momento.

En pleno boom hotelero, se legisló para que quedara extinguida la eficacia de aquellos planes parciales con destino total o parcialmente turístico que no hubiesen dado pasos para su ejecución. En julio de 2002, la Consejería regional de Turismo extinguió la eficacia de la licencia urbanística para dos hoteles en la playa del Jablito. La Justicia ratificó la decisión del Gobierno.

En un Consejo de Ministros en 1980 se autorizó un puerto deportivo que no se ha ejecutado y la concesión vence en 2026

Los promotores alegaron entonces que “las obras tuvieron que detenerse” porque había “ocupantes ilegales” sobre el terreno, en referencia a las chozas de El Jablito. En 1998 habían emprendido acciones legales contra 92 vecinos. Durante años ha habido desalojos, aunque también han llegado a acuerdos económicos con algunos moradores.

En su momento, también se entablaron “negociaciones” con la empresa Puerto Gato SA, que “donó 350.000 metros de terreno, incluyendo como una de las condiciones que los mismos fueran calificados como urbanizables y que varias de las parcelas fueran cedidas gratuitamente a los ocupantes ilegales para que estos abandonaran los terrenos ocupados”, como se destaca en sentencia judicial. En el inventario de bienes del Ayuntamiento de los años 90, consultado por Diario de Fuerteventura, no aparecen esos 350.000 metros.

El conflicto entre las empresas Puerto Gato y Gestión Empresarial Rudy, la concesionaria del muelle deportivo, ha llegado a los tribunales. La primera pidió el concurso necesario de acreedores de la segunda, por una supuesta deuda que la Justicia no ha considerado acreditada.

La Audiencia Provincial rechazó este pasado mes de abril la petición del concurso de acreedores. Tampoco entendió acreditada la denuncia del “incumplimiento general de obligaciones desde ya muchos y por un importe superior a los cinco millones de euros”, como alegó la demandante.

Plan General

Con todos estos antecedentes, el documento inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de La Oliva que pasó por pleno hace unos meses, dibuja el siguiente panorama: argumenta que hay que “reducir las previsiones actuales de la expansión constructiva para residencia turística” porque “continuar con la política indiscriminada de clasificación de suelo para urbanizaciones turísticas va en contra de los principios de racionalidad que a partir de ahora deben considerarse para reconducir el turismo a sus niveles normales”.

El nuevo PGO plantea “reclasificar como suelo urbanizable turístico la zona desde la carretera FV-1 hacia la costa”, con 6.500 camas

El planteamiento general es “descalificar” o “simplemente degradar en la clasificación el exceso de suelo ofertado en momentos de gran optimismo desarrollista”. En concreto, la urbanización de El Jablito (Puerto de La Oliva), no se adaptó a las Normas Subsidiarias del municipio, “como se requería”, y su eficacia quedó “extinguida” con la Ley de Medidas Urgentes.

En cambio, plantea “reclasificar como suelo urbanizable turístico la zona desde la carretera FV-1 hacia la costa de los diversos planes aprobados en la misma”, y cita Puerto Oliva, en El Jablito, además de Ventursol, Vistapark e Islaplan, “que hasta el momento no se han desarrollado”.

“Con esta clasificación”, añade el documento elaborado por Francisco González-Jaraba, se “abre las puertas al Ayuntamiento para actuar en dicha zona, según las necesidades”. Así, Puerto de La Oliva, Islaplan y Ventursol “formarán un nuevo sector de suelo urbanizable con uso turístico”, considerado “estratégico”, y que contemplará “equipamientos estructurantes y una capacidad de unas 6.500 camas”.